23 de octubre de 2019
Recientemente la CEOE ha publicado una propuesta de medidas de mejora en el ámbito de la vivienda pública y libre, para compra y alquiler, que afectan a los agentes del sector, a las autoridades locales, a las autoridades nacionales tributarias y al legislador, y que van dirigidas al gobierno que salga de las urnas el próximo 10 de noviembre, que deberá formular políticas de vivienda.
Según el Estudio Anticipa que se presentó en el BMP 2019 celebrado el pasado 16 a 18 de octubre en Barcelona, las previsiones de compraventa de vivienda libre en España en 2020 será de 600.300 unidades, y en 2021 será de 619.000 unidades.
Según la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) se necesita entre 120.000 y 150.000 viviendas nuevas al año hasta el 2030, para cubrir la previsión de 1,8 millones de hogares que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha calculado se crearán hasta ese año en el país.
El sector de la construcción emplea a más de 1,2 millones de personas, lo que equivale al 6,3% del total del empleo en España. En cuanto a su peso económico, el sector representa el 14% del PIB, con 18.828 euros en el 2T2019, sólo por detrás pero no muy lejos del comercio y del sector turístico que alcanzan el 16% y 15% respectivamente.
Con carácter general las propuestas de la CEOE son las siguientes:
1. Necesidad urgente de reactivar la producción de vivienda en España, toda vez que el stock de vivienda es desigual.
2. Adopción de medidas que faciliten el acceso a la vivienda que está siendo para una gran parte de la sociedad cada vez más complicado, especialmente para las familias de rentas medias y los jóvenes, acarreando graves consecuencias sociales.
3. Dar prioridad al derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, junto a la necesaria protección del derecho constitucional a la propiedad privada.
4. La reducción de los costes de producción de la vivienda debe ser un objetivo primordial de todos los agentes intervinientes del sector inmobiliario y, fundamentalmente, de las Administraciones Públicas., mediante la mejora de los procedimientos administrativos e incorporación de la industrialización en el proceso constructivo para situar en el mercado viviendas con calidad, eficientes energéticamente, pero a precios a los que la demanda pueda acceder; mediante el fomento de políticas de oferta que logren aumentar la productividad del sector inmobiliario. En todo caso, es necesaria la colaboración y el trabajo conjunto del sector público y privado.
5.- Debe ponerse en carga todo el suelo destinado a vivienda social, retenido en manos de las distintas Administraciones Públicas y se materialice en el bien de primera necesidad que es la vivienda. Por ello, es urgente que todas las Administraciones Públicas hagan un inventario de su suelo destinado a vivienda social disponible, procediéndose a su desbloqueo. En los concursos para la enajenación de este tipo de suelo se debe procurar que los pliegos contemplen igualdad de oportunidades entre cooperativas y promotores privados.
6. Necesidad de armonizar, simplificar y flexibilizar las normas urbanísticas, mejorando los procedimientos administrativos y reduciendo las cargas administrativas ligadas a la promoción de viviendas; agilizando los plazos para la obtención de licencias municipales de obras mediante la actualización y digitalización de la tramitación de licencias; flexibilización y simplificación normativa de los decretos y reglamentos que regulan los Planes de Vivienda en cada Comunidad Autónoma; sustitución de la licencia de primera ocupación por la de declaración responsable, toda vez que los retrasos en las concesiones de estas licencias son los más gravosos y los que más incrementan los costes de producción de las viviendas.
7.- Impulsar la efectiva aplicación del sistema de declaración responsable y arbitrar mecanismos que proporcionen una mayor seguridad jurídica al empresario, en especial relativos a la obtención de licencia mediante distintas medidas como la concreción de los supuestos, la unificación y coordinación de las normativas aplicables desde la urbanística, a la técnica, la simplificación de los procesos.
8. Configurar las Leyes del Suelo nacional y autonómicas, así como los diferentes planes de ordenación urbana municipales como normas «marco», en las que se establezcan las grandes líneas urbanísticas y se fijen los criterios generales, evitando que exista disparidad en los desarrollos normativos que se hagan.
9. Incrementar la dotación presupuestaria para la promoción de vivienda protegida.
10. Incrementar el Precio Básico Nacional, para ajustar los precios a los costes de construcción actuales.
11. Promover la formación de mano de obra para la construcción.
12. Eliminar la subjetividad e incertidumbre existente actualmente en la normativa y en los criterios interpretativos de la misma en relación con la edificación, tanto en ejecución de obra nueva, como en rehabilitación, conservación y mantenimiento de edificios.
13. Eliminar la actual rigidez existente en el sistema de calificación y de usos mediante la revisión de la normativa urbanística actual con el objetivo de reducir los obstáculos y las trabas burocráticas a las instalaciones, modificaciones o ampliaciones de negocio de las empresas ya existentes.
14. Fomentar la integración y simultaneidad de usos urbanísticos, aprovechando las sinergias que se producen entre los mismos, resultando beneficioso tanto para la actividad económica como socialmente.
15. Reducir la Fiscalidad sobre la vivienda para las familias y jóvenes.
16.- Modificar el tipo de IVA en operaciones de cesión de uso/derecho de superficie de suelos para la construcción de vivienda protegida, asimilando la transmisión del derecho de superficie a una entrega de bienes y no a una prestación de servicios.
17. Propiciar un marco jurídico estable que viabilice la financiación hipotecaria y seguridad jurídica en el urbanismo.
18. Promover una mayor profesionalización de los agentes intervinientes en el sector inmobiliario.
19. Promover una regulación razonable de los Administradores de Fincas, en su condición de responsables de la gestión del principal patrimonio de la población. En especial, establecer la obligatoriedad de disponer de seguros que cubran su responsabilidad frente a sus clientes.
20. Modificación de los parámetros de densidad clásicos ya no son válidos en la coyuntura actual y deben modificarse.
21. Aumento de las actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana, tanto para las viviendas de propiedad como destinadas a alquiler, mediante la adopción de una política integral en materia de reforma y rehabilitación.
22. Aprobar una ley para reforzar la seguridad jurídica en el ámbito urbanístico.
23. Potenciar los Ejes Terciarios de las ciudades, aumentando su número y desarrollo, de tal manera que permitan la mejora de la actividad económica y sirvan como ejes vertebradores de la ciudad entre las distintas zonas diferenciadas demográfica y socialmente.
24. Tomar en consideración las normativas que se están generando en el comité técnico de normalización en materia de ciudad y edificio inteligentes (CTN 178 de UNE), con especial énfasis en los edificios singulares de las infraestructuras (intercambiadores de transportes, centros comerciales, etc.), así como en los edificios de uso residencial.
25. Incrementar el parque de vivienda en alquiler, ámbito en el que la iniciativa privada adquiere un papel principal.
26. Incentivar a los propietarios de viviendas, evitando políticas y legislación tendente a la vulneración del derecho a la propiedad privada. Debe prestarse también especial atención a las ocupaciones sin título legal habilitante que se producen en proyectos de rehabilitación en curso, en edificios pendientes de escombro y en ocupaciones de edificios de obra nueva, en el periodo comprendido entre el acabado de las obras y la tramitación documental para la entrega a los compradores.
27. Promover medidas que desarrollen un mercado del alquiler eficiente y ágil y salvaguarden, de manera equilibrada, los intereses de propietarios e inquilinos.
28. Canalizar la financiación a la promoción del parque de vivienda en alquiler. La contención de los costes de producción de vivienda destinada al alquiler es complicada, fundamentalmente porque los costes de financiación son más elevados y el acceso a dicha financiación es más restringido.
29. Promover la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que en la tramitación de los procesos en materia arrendaticia las personas jurídicas puedan tener acceso al juicio verbal, igual que las personas físicas.
30. Fomentar la financiación de las promociones para alquiler de VPO, mediante convenios con la banca o el ICO.
31. Establecer, o en su caso aumentar, las deducciones fiscales para arrendadores y arrendatarios.
