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La Comisión Europea aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia presentado por el Gobierno, que supondrá unos fondos de hasta 140.000 millones de euros.
22 de junio de 2021
El 17 de junio, la Comisión Europea aprobó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el Gobierno de España que destinará unos fondos (denominados, el Mecanismo de la Recuperación y la Resiliencia, “MRR”) de hasta 69.528 millones de euros en transferencias no reembolsables, ampliables a más de 70.000 millones en préstamos y créditos.
Estos fondos se asignarán en dos tramos: un primer tramo del 70%, y el 30% restante se decidirá en 2022, en base a la evolución económica de los años 2020 y 2021.
Hasta el 13% de los fondos se recibirá en el segundo semestre de 2021, y podrán ejecutarse en su totalidad hasta el año 2026.
Los fondos se distribuirán por los distintos niveles de gobierno en el ámbito de sus competencias, a través de licitaciones, subvenciones y ayudas de los diferentes ministerios, comunidades autónomas y en algunos casos, ayuntamientos para que ejecuten aquellos programas de inversión de políticas que sean de su competencia.
Las convocatorias se ajustarán a los diferentes programas y se dirigirán a empresas, sociedad civil, ONG; etc.
Los ámbitos de actuación a que se destinarán dichos fondos serán la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión territorial y social, y la igualdad de género.
Como regla general, el MRR financiará gastos no recurrentes que supongan un cambio estructural y tengan un impacto duradero sobre la resiliencia económica y social, la sostenibilidad, la competitividad a largo plazo y el empleo. Abarca un amplio abanico de inversiones en capital humano (educación, formación, salud, protección social…), capital fijo (infraestructuras, I+D+i…) y capital natural (fuentes de energía renovable natural, protección y restauración del medio ambiente, mitigación o adaptación al cambio climático…).
El Gobierno ha acometido ya una importante reforma legal con el fin de agilizar la gestión de los fondos con la aprobación del Real Decreto-ley 36/2020 de 30 de diciembre de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que, entre otras medidas, declara de tramitación urgente los procedimientos administrativos vinculados a la aplicación del Plan con el fin de reducir plazos, y facilita los instrumentos de colaboración público-privada como la creación de Consorcios o la ejecución de medidas a través de Sociedades de Economía Mixta.
Por último, el citado RDL 36/2020 crea distintos organismos públicos para facilitar la toma de decisiones y garantizar un efectivo control y auditoría de los fondos.
Se van a destinar 6.820 millones al Plan de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana entre 2021 y 2023, que se gestionarán conjuntamente entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Ministerio de Transición Ecológica (al que se le corresponden 1.300 millones).
Por otro lado, el Plan destina 1.000 millones de euros a incrementar el parque de vivienda social en alquiler con el objetivo de igualarlo al 5% de media europea.
Rehabilitación de Vivienda.
El plan de rehabilitación de edificios públicos y privados, dotado con 1.994 millones de euros, pretende lograr un ahorro energético medio superior al 30%, a través de la ejecución de una media de 300.000 rehabilitaciones al año, lo que significaría alcanzar la rehabilitación energética de 1,2 millones de viviendas entre 2021 y 2030.
Los fondos se canalizarán a través de subvenciones, beneficios fiscales y líneas de avales a favor de los propietarios, comunidades de vecinos, empresas o profesionales.
Se financiará entre el 35% y el 100% de las intervenciones, siendo los porcentajes más elevados (70-100%) para los hogares con pobreza energética o rentas muy bajas. El coste medio de actuación objeto de financiación será de 15.000 euros por vivienda. La financiación alcanzará al coste del proyecto, el presupuesto, la gestión administrativa, económica y técnica.
Simultáneamente, para facilitar el planteamiento por fases, se aprobarán subvenciones para la renovación de determinados elementos constructivos, como las ventanas, de edificios. En el caso de los particulares que acometan dicha actuación, se podrán beneficiar de una deducción en el Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) de las cantidades invertidas en las obras tanto de la vivienda habitual como de aquella destinada al alquiler como vivienda habitual y edificios, que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética.
Para el caso de la vivienda habitual, las deducciones serán aplicables a aquellos cambios de ventana que logren reducir, al menos, un 7% la demanda de calefacción y refrigeración de la vivienda. Dicha deducción será mayor, si las mejoras rebajan el 30% el consumo de energía primaria (es decir, la energía suministrada al edificio procedente de fuentes renovables y no renovables, que no ha sufrido ningún proceso previo de conversión o transformación no renovable (gas, carbón…)).
Para las obras de rehabilitación en edificios de uso eminentemente residencial, la deducción será aplicable a las cantidades satisfechas por cada propietario. En este caso, la reducción del consumo de energía primaria no renovable tendrá que ser del 30% como mínimo y el edificio debe conseguir el certificado A o B de eficiencia energética tras la rehabilitación.
Rehabilitación y Regeneración Urbana.
El Plan contempla actuaciones para lograr una verdadera transformación urbanística y ambiental de barrios y zonas delimitadas en función del nivel de renta con especial incidencia en colectivos vulnerables, que alcanzan entre otros, a los edificios (hacerlos más sostenibles y accesibles), a la movilidad, a la implementación de la digitalización, a la renovación del alumbrado, a la peatonalización, al incremento de parques y zonas verdes, etc.
Las ayudas públicas irán desde el 60% al 100%, para conseguir una certificación energética de los edificios de, como mínimo, la letra D, y con un ahorro energético medio superior al 30%.
En estas actuaciones se incentivará la colaboración público privada y se establece un límite medio de coste de actuación objeto de financiación de 20.000 euros por vivienda.
Incremento de vivienda de alquiler social.
Los fondos se destinarán a inversión directa por las distintas Administraciones territoriales para cubrir total o parcialmente los costes para la construcción de alrededor de 20.000 viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, con un límite de financiación pública de 50.000 euros por vivienda.
Se priorizarán los ámbitos identificados con déficit de vivienda pública o especial tensión en los precios de la vivienda como consecuencia de la insuficiencia de oferta asequible.
Estas actuaciones se instrumentarán a través de aportaciones de suelo público por parte de las distintas administraciones y de subvenciones. Del mismo modo, se desarrollarán fórmulas que incentiven la colaboración público-privada en estas actuaciones.
Por otro lado, a través de derecho de superficie, se impulsarán las licitaciones para estimular que el sector privado participe activamente en el desarrollo de las promociones de vivienda en alquiler a precios asequibles sobre el suelo ya identificado en el contexto del desarrollo del Plan de Viviendas para el Alquiler Asequible del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
